El 30 de diciembre de 2007, la jerarquía eclesiástica y su entramado de grupos ultra conservadores convocaron una concentración en Madrid “a favor de la familia cristiana”. Desde el absoluto respeto a la libertad de expresión y manifestación, parece importante reivindicar que, frente a modelos de convivencia que se erigen como los únicos correctos y que se inspiran en imposiciones morales excluyentes, en nuestra sociedad coexisten diversos tipos de familia y de opciones libres de vida que merecen un trato igualitario en respeto y derechos.
En los últimos años, esa misma jerarquía católica ha ejercido continuamente una oposición agresiva contra determinadas conquistas sociales y derechos civiles, hasta el punto de trascender lo que es el ejercicio de la libertad de expresión para pasar a cuestionar la legitimidad de dichas conquistas, emanadas de la soberanía popular. Paralelamente, sigue estando vigente un Concordato por el que se rigen las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica y que tiene un encaje confuso en la Constitución , que reconoce en su artículo 16 la aconfesionalidad el Estado. Las encendidas críticas de la Iglesia oficial a las decisiones democráticas del Parlamento ni siquiera se han acallado con una reforma de su sistema de sustentación económica que nada tiene que ver con la búsqueda de la autofinanciación plena a la que se refiere el propio Concordato.
Por otro lado, es necesario replantearse los contenidos de la Ley 7/1980 referida a la Libertad Religiosa , que responde a una realidad social ya superada y, al referirse sólo a la Libertad Religiosa , excluye a la libertad ideológica, de pensamiento y de conciencia en su sentido amplio, tal y como se refiere el artículo 16 de la Constitución.
El año en que se cumple el 30º aniversario de la Constitución española, debe ser también el de la renegociación de los Acuerdos con la Santa Sede y la separación de hecho entre la Iglesia y el Estado, tal y como desea la ciudadanía en recientes encuestas, en las que el 70 por ciento se muestra católica pero más del 70 por ciento a favor de la separación entre la Iglesia y el Estado, y eso significa separación entre la Iglesia y el Estado en la jefatura del Estado, en bodas, bautizos y otros óbitos, también separación entre la Iglesia y el Estado en los ministerios, en el conjunto de los poderes del Estado y, en definitiva, en la educación pública y en los medios de comunicación públicos.
En muchas ocasiones, la Iglesia católica justifica sus privilegios arrogándose una representatividad social difícil de cuantificar o medir, sobre todo cuando es la misma Iglesia la que impide de hecho el ejercicio de la apostasía para quienes libre y conscientemente, quieren renunciar a su adscripción católica.
Por todo ello, se propone al Pleno del Ayuntamiento Villamalea, la adopción del siguiente
ACUERDO
1. A nivel local que desaparezcan los símbolos religiosos en los protocolos oficiales, actos del ayuntamiento en los que las autoridades públicas han venido haciendo ostentación, en el ejercicio de su cargo, de sus creencias religiosas, así como asistiendo a manifestaciones de índole religiosa en sitio de preferencia.
2. Emplazar al Gobierno de la Nación a iniciar ya mismo un diálogo entre las fuerzas políticas y sociales que siente las bases para, en la próxima legislatura, las nuevas Cortes Generales y el Gobierno resultante aborden la renegociación del Concordato con la Santa Sede y la elaboración de una nueva Ley de Libertad de Pensamiento, Conciencia y Religión, todo ello con las premisas de separación efectiva Iglesia/Estado e igualdad de trato en términos de laicidad a todas las creencias y opciones morales y de pensamientos personales sean estas religiosas o no.
3. Dar traslado de este Acuerdo a la Diputación Provincial , Gobierno Regional y Nacional, y a la Federación Española de Municipios y Provincias.
Quinciano Borja
Diciembre de 2008
